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Corte de Guayas deslinda responsabilidades por vínculo de funcionaria con narcotráfico
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Corte de Guayas deslinda responsabilidades por vínculo de funcionaria con narcotráfico

La presidenta Fabiola Gallardo afirmó que Mayra Salazar fue contratada desde Quito y desconocía su relación con el procesado Leandro Norero.

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La presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, emitió un comunicado el 20 de diciembre de 2023 para desmarcar a la institución del caso Metástasis. La funcionaria aclaró que Mayra Salazar, quien fue analista de Comunicación en su despacho, se encuentra procesada por sus vínculos con el narcotraficante Leandro Norero. Gallardo sostuvo que el ingreso de la colaboradora al sistema judicial guayaquileño no fue una decisión local, sino una orden directa desde Quito.

Según detalló la magistrada, Salazar ingresó al Consejo de la Judicatura el 1 de octubre de 2023, un dato que coincide con registros de la Contraloría General del Estado. Gallardo explicó que previamente evaluó el currículum profesional de la analista, quien había trabajado en TC Televisión y en la Asamblea de la legisladora Cristina Reyes, además de colaborar con el Parlamento Andino. La presidenta afirmó que desconocía el ámbito personal de la empleada al contratarla.

La autoridad judicial refutó las acusaciones sobre los viajes oficiales realizados por Salazar a Colombia y Estados Unidos. Gallardo confirmó que la funcionaria acompañó en dos visitas institucionales, una por invitación del Parlamento Andino y otra de la Organización de Estados Americanos (OEA), obteniendo siempre la licencia correspondiente. La presidenta sostuvo que el rol de Salazar se limitaba a la atención de medios y logística protocolaria, sin injerencia en decisiones judiciales.

En su defensa, Gallardo recordó que durante su gestión como encargada de la Dirección del Consejo de la Judicatura de Guayas entre febrero y mayo de 2023, consultó directamente con Salazar sobre su disponibilidad laboral. La funcionaria le indicó entonces que no deseaba trabajar para el Consejo porque estaba enrolada en el Parlamento Andino. La presidenta concluyó que la recomendación para su contratación provino de terceros, sin intervención directa de la Corte Provincial.

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