La Secretaría de Integridad Pública ha emitido un llamado claro y contundente respecto a la separación entre los procesos judiciales y las campañas electorales. Doménica Bajaña, secretaria del organismo rector de la lucha anticorrupción, enfatizó que no es aceptable utilizar la arena política como herramienta para frenar o entorpecer la administración de justicia en el Ecuador.
Para sustentar esta posición, la funcionaria pública hizo referencia específica al caso Goleada, una investigación en curso donde ya existen procesados por presuntos delitos de lavado de activos. Entre los imputados se encuentra una candidata a una elección seccional, situación que ha generado debate sobre cómo deben coexistir los derechos políticos con las obligaciones legales y penales, tema que ya cubrimos en Transparencia y seguridad.
Este pronunciamiento cobra especial relevancia en el contexto guayaquileño y provincial, donde la seguridad jurídica y la transparencia institucional son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. La advertencia busca garantizar que las investigaciones por delitos financieros avancen con base en la evidencia legal, sin verse afectadas por dinámicas partidistas o presiones externas durante los periodos electorales, más contexto en Transparencia y seguridad.
La postura oficial refuerza el principio de que la justicia debe operar de manera autónoma y efectiva. En Guayas, esta línea de acción es consistente con el enfoque de estado de derecho que prioriza la lucha contra la corrupción como un factor clave para la confianza en las instituciones y la estabilidad del mercado local.
